Hay temas candentes que uno intenta evitar en estas columnas.
Y no es por miedo a ir a contracorriente, algo a lo que algunos estamos muy
acostumbrados, sino por la dificultad de explicar asuntos complejos en poco más
de doscientas palabras. Meterse en el berenjenal de la configuración del Estado
y de las aspiraciones independentistas de algunos territorios es cuestión
peliaguda, especialmente si eres de los que piensas que el derecho a la
autodeterminación no es sólo aplicable a antiguas colonias sino a otros muchos
sujetos de decisión. Y es precisamente ahí donde parece que se encuentra uno de
los escollos de nuestra tragicomedia sobre la unidad de la patria, un problema
gramatical sobre si el sujeto debe ser un singular colectivo o una primera
persona del plural. Pero antes de abordarlo ya hay quienes se apresuran a evitar
consultas democráticas, una estrategia muy hábil para deslegitimar formalmente
cualquier voluntad popular que pudiera ser contraria a determinados intereses.
Pero volvamos a la espinosa cuestión de quién debe decidir
sobre el futuro común o independiente de un territorio. ¿Es realmente
democrático que la decisión tenga que ser tomada por el conjunto del Estado?
¿Sería esta opción comparable con la que la monarquía marroquí defendía para
resolver su conflicto en el Sáhara Occidental? ¿O más bien es como si para
divorciarse se tuviera que lograr la mayoría absoluta de toda la familia y no
bastara la voluntad propia? En estos asuntos, como en otros similares, siempre es
peor atar a la fuerza a quien no desea estar con nosotros que convivir
amigablemente pared con pared.
Publicado en EL PERIÓDICO EXTREMADURA el 4 de noviembre de
2013.
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