A continuación podéis leer, cada uno de un color, un parrafito con el resumen de violaciones de derechos humanos en cinco estados en el último informe de Amnistía internacional. Las iniciales de cada estado son H A V E M. De uno sabrás casi todo. ¿Sabías algo de los otros cuatro? ¿Sabrías identificar a cada país? Deja un comentario con tu solución.
Continuaban las agresiones y la intimidación contra
defensores y defensoras de los derechos humanos y contra periodistas. Las
personas que se oponían políticamente al gobierno afrontaron juicios sin
garantías y encarcelamientos. Hubo nuevas denuncias de uso excesivo de la
fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad; tal práctica se
saldó con decenas de muertes, algunas de ellas en circunstancias que apuntaban
a que podía tratarse de homicidios ilegítimos. La mayoría de los responsables
de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de
2014 no comparecieron ante la justicia, y preocupaba la falta de independencia
del poder judicial. Se deportó, desalojó forzosamente y maltrató a personas
refugiadas y solicitantes de asilo. Continuaban la violencia y el hacinamiento
en las prisiones. Las sobrevivientes de violencia de género tenían que hacer
frente a considerables escollos para acceder a la justicia.
Persistía la impunidad por
violaciones graves de derechos humanos, como la tortura y otros malos tratos,
las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Más de 27.000
personas permanecían desaparecidas o en paradero desconocido. Continuaban las
amenazas, el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores y
defensoras de los derechos humanos. La cifra de detenciones, expulsiones y
denuncias de abusos contra personas migrantes en situación irregular a manos de
las autoridades aumentó considerablemente. La violencia contra las mujeres
seguía siendo generalizada. Se llevaban a cabo proyectos de desarrollo en gran
escala y proyectos de explotación de los recursos naturales sin contar con un
marco jurídico sobre el consentimiento libre, previo e informado de las
comunidades indígenas afectadas.
En un contexto general de
delincuencia y violencia, los defensores y defensoras de los derechos humanos,
los dirigentes indígenas, campesinos y afrodescendientes inmersos en conflictos
de tierras, los activistas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero e intersexuales (LGBTI), los funcionarios y funcionarias de la
administración de justicia y los periodistas eran objeto de violencia e
intimidación por parte de agentes del Estado y de delincuentes como represalia
por su labor. La debilidad del sistema de justicia penal y la corrupción
contribuían a un clima de impunidad generalizada por dichos abusos.
La libertad de reunión se
vio restringida por nuevas disposiciones legislativas. Se denunciaron nuevos
casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de
la policía. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo expulsiones colectivas e
hicieron uso excesivo de la fuerza contra personas que trataban de entrar de
forma irregular en el país. La impunidad continuaba siendo motivo de honda
preocupación.
El gobierno continuaba
restringiendo severamente la libertad de expresión, asociación y reunión. Las
autoridades detenían, enjuiciaban y encarcelaban a quienes llevaban a cabo
labores de defensa de los derechos humanos y criticaban al gobierno, en
aplicación de la legislación antiterrorista de 2014 y otras leyes, y a menudo
tras juicios sin garantías. Entre las personas detenidas había presos y presas
de conciencia. La tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siendo
práctica habitual. Seguían celebrándose juicios sin garantías ante el Tribunal
Penal Especial, establecido para conocer de casos de terrorismo; en algunos se
impuso la pena de muerte. Las mujeres estaban discriminadas en la ley y en la
práctica, y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de
otros tipos. Se efectuaron miles de devoluciones sumarias de personas
migrantes, muchas a países en los que corrían peligro de sufrir graves
violaciones de derechos humanos. Las autoridades hicieron amplio uso de la pena
de muerte y llevaron a cabo más de 150 ejecuciones.
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