Dicen que es necesario leer los prospectos de todo lo que ingerimos. Las normativas han llevado a los fabricantes de alimentos a indicar si cada producto envasado pudiera contener alguna pequeña cantidad de frutos secos u otros derivados lácteos capaces de provocar una reacción de efectos nocivos. En las cartas de los restaurantes también nos colocan iconos para advertirnos de si un plato suculento puede jugarnos una mala pasada al contener cereales con gluten, huevo o marisco.
Trazas: así es como denominan a esas cantidades pequeñas de determinadas sustancias que pueden pasar a convertirse en un problema grave para la salud. Por eso las normativas de seguridad alimentaria han determinado que cada producto las tenga todas bien identificadas, incluso cuando se trate de alergias raras que afectan a muy pocas personas. Del mismo modo que un quirófano o la cocina de un restaurante deben estar en las mejores condiciones higiénicas y de salubridad, también habría que abordar la eliminación de todos los mecanismos y prácticas de las autoridades que pudieran contener trazas de la existencia de sesgos racistas, animadversiones basadas en prejuicios o prohibiciones tan cargadas de estulticia que pretenden eliminar incluso lo que no existe.
El 21 de marzo se conmemoraba la jornada mundial contra la discriminación racial, recordando aquel día de 1966 en Shaperville (Suráfrica) en el que la policía del régimen de Pretoria acabó a tiros con más de 250 personas que protestaban contra el apartheid. Desde el pasado 21 de marzo hay en marcha una campaña de Amnistía Internacional para intentar acabar con una práctica habitual en nuestras calles como es la del sesgo racial de las identificaciones policiales en España. ¿Cuántas veces le han pedido las fuerzas del orden que se identifique cuando va por la calle? ¿Saben ustedes que la oscuridad de la piel puede ser un rasgo determinante para ser interceptado en redadas que pudieran contener importantes trazas de racismo?
Mañana se cumplen once años de la publicación de aquella Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que acabó con el apodo de “mordaza”, y que en su primer año de vigencia llegó a imponer 34.000 sanciones por ejercer los derechos de reunión, expresión o manifestación. Más de cuatrocientas organizaciones y colectivos se están sumando este año a una campaña destinada a que gobiernos e instituciones se dediquen más a parar el racismo en lugar de parar por la calle a personas que por su aspecto pudieran, simplemente, proceder de otras latitudes.
Junto a estas trazas de racismo también tenemos las de odio puro y duro. La semana pasada el Ayuntamiento de Badajoz aprobó una moción para prohibir el menú halal de todos los colegios de la ciudad. La propuesta del grupo de extrema derecha salió adelante con los votos a favor del propio gobierno municipal, sin caer en la cuenta de que en Badajoz no hay ni un solo centro educativo en el que se suministre. ¿Nos molestaría que a una niña le facilitaran un menú escolar sin gluten, sin huevo o sin lactosa? ¿Para qué prohibir algo que no existe? ¿Prohibiríamos a alienígenas verdes residentes en Las Vaguadas asistir a los plenos municipales sabiendo que no existen? ¿O sí?
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