Hace dos semanas acudí a mi centro de salud para unos análisis. Todo fue rápido: diez minutos de cola y me realizó la extracción una estudiante de enfermería en prácticas, que lo hizo de manera impecable. Mañana me verá los resultados el especialista, como cada seis meses, en un gran hospital de la región. El lunes tengo que acercarme de nuevo al centro de salud para una vacuna y la cita para el médico de familia me la dan para dentro ocho días.
Sé que no todo el mundo puede contar la misma historia. Quienes viven en las zonas rurales de nuestra región lo tienen muchísimo más complicado y hay comunidades autónomas en las que el personal sanitario y los pacientes, en el más amplio sentido del término, han salido a la calle a defender una sanidad pública y de calidad.
Los que hasta hoy hemos tenido tanta suerte a la hora de tratar con nuestro sistema de salud y sus profesionales, podemos entender la desesperación de quien no tiene cita para la pediatra hasta dentro de veinte días, o la de quienes han de esperar un año hasta que los vea un especialista. Habrá quién pueda permitírselo y pagará de su bolsillo una consulta privada, pero me temo que hay millones de personas cuyas economías familiares quebrarían si no existiera un sistema público de salud donde al llegar solo te preguntan cómo te encuentras.
También conozco a quienes padecen enfermedades crónicas y no podrían costearse individualmente los tratamientos que necesitan, si no fuera porque se los pagamos entre todos a través de ese fondo común -alguna lo llamaría “comunismo”- que son los impuestos. A quien le sobra el dinero para pagarse un seguro médico privado que le evite colas y esperas, pensará que todos esos impuestos para construir hospitales públicos se los están robando de su bolsillo. Eso llevan años pensando hace mucho tiempo en Estados Unidos y es una política que provoca casos como los de Alec Smith. Este diabético de Minnesota falleció con 26 años al comenzar a usar menos insulina de la necesaria, porque la subida del precio en 2017 le suponía gastar 1300 dólares al mes, una cantidad que no tenía. En 2020 se ha aprobado allí una ley que lleva el nombre de Alec y que garantiza que esa sustancia vital no sea un lujo para nadie.
Los enemigos de los sistemas públicos, ya sean de salud o de otras cosas, saben bien cómo salirse con la suya. Thatcher fue una maestra en dejarlos sin medios, propiciar su deterioro y esperar a que todo el mundo aplaudiera cualquier privatización. El domingo ocuparon las calles de Madrid quienes desean mejorar el servicio público de salud, algo que aplaudiría el más liberal del universo si necesitara un trasplante de órganos o un tratamiento de esos que cuestan más de seis cifras.
Se puede y se debe mejorar nuestra sanidad pública, pero seguiré pagando a gusto más impuestos para que en nuestros hospitales y centros de salud curen y atiendan a quien llegue a la puerta pidiendo auxilio, para que solo le pregunten qué le pasa y no cuánto tiene.
Publicado en HOY el 16 de noviembre de 2022
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