No sale uno de su asombro. Un día abres los periódicos y descubres que grandes cadenas de hipermercados se las apañan para pagar a sus proveedores 200 días después de efectuar las compras. No sirve de nada que existan normativas que lo limitan a un máximo de 90 días porque se las saben todas. Con conseguir que firmen el consentimiento para recibir el pago en determinada fecha, se van de rositas y se escapan judicialmente. Alguien se preguntaba en la radio por qué no denuncian esos proveedores a las grandes cadenas y la respuesta es muy simple: si se atreven a intentarlo, no vuelven a ver sus productos en las estanterías y se los tienen que comer con patatas. Te enteras luego del rocambolesco desenlace del caso Pallerols, con sus corruptelas para desviar fondos europeos para la formación de desempleados, y me acordé de la época en la que trabajé en ese sector. En aquellos días también sabíamos de entidades que se quedaban con lo que no les correspondía. O por no hablar de quienes obligaban al profesor a devolver bajo mano parte del sueldo oficialmente recibido. Los mismos de siempre preguntaban de nuevo por qué no se actuaba contra aquella ilegalidad. Volvíamos a dar la misma respuesta: intentar cualquier heroicidad era una condena a no trabajar jamás en el sector en muchos kilómetros a la redonda. De estos dos asuntos, que parecen tan distintos, acaba uno por sacar tres conclusiones: a quien maneja la sartén por el mango es muy difícil ponerle contra las cuerdas; retar a quien tiene siempre las de ganar no es aconsejable; esperar una justicia igual para débiles y poderosos se está convirtiendo en una quimera.
Publicado en EL
PERIÓDICO EXTREMADURA el 14 de enero de 2013.
