Desde el punto de vista teórico, lo mejor sería que quienes nos representan en el parlamento y elaboran nuestras normas fueran un reflejo de nuestra sociedad, con amas de casa, agricultores, profesoras, autónomos, funcionarias, cajeros de supermercado, electricistas, directoras de banca, un quince por ciento de jubilados y un diez por ciento de desempleados. A nadie se le escapa que los grupos parlamentarios tienen que contar con algunas personas con dedicación exclusiva, porque hay que decir que la actual situación es compleja y que pocas personas pueden representarnos políticamente si son trabajadores de empresas privadas o autónomos. De hecho, nuestros parlamentarios surgen básicamente de tres extracciones sociales: funcionarios, que no tienen problema para hacer valer sus derechos, acaudalados empresarios o políticos a tiempo completo y con sueldo. Si eres reponedor de un supermercado o empleada de una guardería, difícilmente podrás pedir permiso para ir una tarde a un pleno o a una comisión. Quizá la idea de que todos nuestros parlamentarios regionales cobren un sueldo solucione este problema, pero convertir en profesionales a todas las personas que nos representan en un ayuntamiento o en un parlamento puede traer daños colaterales que debieran ser tomados en cuenta. Ese gran peligro, que afecta de forma transversal a todo el arco parlamentario, es que la representación a cargo de quienes sólo viven de la política acabe defendiendo más un status corporativo que a quienes dicen representar. No hay nada como pisar la misma tierra que los ciudadanos para poder ser un fiel portavoz.
