Detención ilegal

A mediados de 2002 gobernaba en este país el Partido Popular. Se celebró entonces una cumbre europea en Sevilla y hacia aquella ciudad se dirigían varios autocares de portugueses, entre ellos varios diputados, que pretendían manifestarse y hacer uso de los derechos cívicos europeos. Violando todos los convenios nacionales e internacionales, aquellos ciudadanos no pudieron atravesar el paso de Rosal de la Frontera y fueron tratados de forma despreciable por las autoridades españolas. Este hecho produjo en el país vecino un escándalo superlativo, provocó protestas de las más altas instancias y fue noticia de portada durante más de una semana. En la prensa española de aquellos días no hay ni una sola noticia en ningún periódico, ni los telediarios de Urdaci se percataron de que España era el foco de atención en otro país: a casi nadie le importó un pimiento que unos cuantos (i)lusos no pudieran cruzar la frontera y manifestarse, tal vez porque eso de los derechos cívicos son una cosa que se reclama muy bien desde la oposición y se olvida muy fácilmente desde el gobierno. La noticia de una condena por detención ilegal a militantes del PP abre una gran esperanza porque es de suponer que cuando los populares vuelven al gobierno serán escrupulosos guardianes de los Derechos Humanos y no volverán a anestesiar subsaharianos para deportarlos. Sólo nos queda esperar que la preocupación de los conservadores por los derechos de los detenidos sea duradera y se extienda a inmigrantes, pacifistas, ecologistas o feministas cada vez que quieran usar la calle para expresar la disidencia. No nos olvidaremos .

Publicado en EL PERIÓDICO EXTREMADURA el 15 de mayo de 2006