Amnistía Internacional lleva años pidiendo la instalación de cámaras en comisarías, cárceles y demás centros de reclusión. La primera de las razones que se aduce para justificar esa propuesta es la defensa de los propios policías, funcionarios de prisiones, educadores de reformatorios o guardias de seguridad ante las denuncias falsas de malos tratos que se producen. A buen seguro que son muchos, incluso mayoría, los trabajadores de estos sectores citados que realizan su trabajo con un exquisito respeto de la legislación. Pero a nadie se le oculta que ningún colectivo profesional está libre de tener entre sus filas a desalmados que incumplen los protocolos, que se ensañan en el uso de la fuerza y que abusan con violencia de personas que se encuentran detenidas y esposadas. La grabación de interrogatorios, además, evitaría una práctica judicial que ha sido denunciada por diferentes organismos internacionales y que venía a resumirse en un mayor crédito ante el testimonio de las fuerzas del orden en casos en los que no hay más prueba que la palabra de uno frente a la de otro. Si no hubiera sido por esas cámaras jamás se habría creído en el testimonio de ese chico que fue apaleado en el Centro Marcelo Nessi de Badajoz. Ni siquiera sus propios padres creyeron sus palabras, porque en este país el que comete un delito parece estar condenado de por vida a no ser creído, aunque afirme que la tierra gira alrededor del sol. Educar a base de palos es una teoría demasiado defendida en las tabernas a altas horas de la noche, pero la violencia nunca es útil para corregir y sólo sirve para engendrar más.
Publicado en la contraportada de EL PERIÓDICO EXTREMADURA el 2 de noviembre de 2009
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