Antonio
Muñoz Molina vuelve a Lisboa, como aquel invierno que lo lanzó al estrellato
literario, y gracias a esta novedad en las librerías hemos sabido que el
asesino de Martin Luther King recaló durante su huida en la capital portuguesa.
Así, recordando las luchas del reverendo asesinado en Memphis, nos hemos
despertado esta semana con su misma inquietud, con la preocupación por unos
derechos civiles que vuelven a estar en peligro.
No
sé si fue el Conde de Romanones el que dijo que prefería que otros hicieran las
leyes si le dejaban a él los reglamentos. Ha calado tan profundamente esa
máxima, que se puede afirmar que no hay libertad de las grandes que no esté
mermada o restringida, a la hora de la verdad, por alguna norma de rango inferior
o incluso por una ordenanza municipal. Hace poco más de un año vimos un ejemplo
en Plasencia, donde a una acción tan típica de ejercer la libertad de expresión
como es repartir una octavilla venía acompañada de una multa de cien euros
amparada en una ordenanza de limpieza.
Podríamos
nombrar cientos de ejemplos similares donde la libertad es la primera en
sucumbir a manos de concejales chusqueros o bajo esa negación absoluta de la justicia
que es la presunción de veracidad otorgada a la administración en detrimento
del ciudadano de a pie. Pero es que la
aprobación de una Ley de Seguridad peor que la de Corcuera se está convirtiendo
en una vergüenza a los ojos de cualquier observador objetivo y experto en la
materia: no se podrá grabar a la policía en la calle y protestar ante un
desahucio podrá dejarte hipotecado para toda la vida.
Quienes
han ideado esta ley puede que tengan un alto concepto del ordeno y mando, pero
unas escasas dotes para apreciar los derechos civiles. Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales llevan meses denunciando la deriva de esta
ley que elimina el derecho de reunión pacífica espontánea, que abre la
puerta a las expulsiones en caliente y que, en definitiva, pone en tela de
juicio la condición de ciudadanos de pleno derecho a quienes no tienen poder
suficiente para constituirse en un poderoso lobby.
Va circulando por internet
un vídeo rodado en la capital de Francia en el que se explican a los viandantes
artículos de esta ley y se les dan a elegir los posibles países en los que se
van a implantar. Y mientras nombran Corea del Norte, China, Venezuela o Irán, a
esos parisinos se les queda cara de póquer cuando descubren que es en España
donde se van a aplicar unas normas que cualquier europeo normal considera
impropias de un país democrático. No sé si algunos tendremos que acabar
viviendo en las capitales de nuestros países vecinos o en el exilio interior,
como tanta gente en el pasado. Nos queda la esperanza de que esta ley tenga una
vida muy corta, tan corta como el aprecio a los Derechos Humanos de sus promotores.
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