17 diciembre, 2014

Derechos civiles

Antonio Muñoz Molina vuelve a Lisboa, como aquel invierno que lo lanzó al estrellato literario, y gracias a esta novedad en las librerías hemos sabido que el asesino de Martin Luther King recaló durante su huida en la capital portuguesa. Así, recordando las luchas del reverendo asesinado en Memphis, nos hemos despertado esta semana con su misma inquietud, con la preocupación por unos derechos civiles que vuelven a estar en peligro.

No sé si fue el Conde de Romanones el que dijo que prefería que otros hicieran las leyes si le dejaban a él los reglamentos. Ha calado tan profundamente esa máxima, que se puede afirmar que no hay libertad de las grandes que no esté mermada o restringida, a la hora de la verdad, por alguna norma de rango inferior o incluso por una ordenanza municipal. Hace poco más de un año vimos un ejemplo en Plasencia, donde a una acción tan típica de ejercer la libertad de expresión como es repartir una octavilla venía acompañada de una multa de cien euros amparada en una ordenanza de limpieza.

Podríamos nombrar cientos de ejemplos similares donde la libertad es la primera en sucumbir a manos de concejales chusqueros o bajo esa negación absoluta de la justicia que es la presunción de veracidad otorgada a la administración en detrimento del ciudadano de a pie.  Pero es que la aprobación de una Ley de Seguridad peor que la de Corcuera se está convirtiendo en una vergüenza a los ojos de cualquier observador objetivo y experto en la materia: no se podrá grabar a la policía en la calle y protestar ante un desahucio podrá dejarte hipotecado para toda la vida.

Quienes han ideado esta ley puede que tengan un alto concepto del ordeno y mando, pero unas escasas dotes para apreciar los derechos civiles. Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales llevan meses denunciando la deriva de esta ley que elimina el derecho de reunión pacífica espontánea, que abre la puerta a las expulsiones en caliente y que, en definitiva, pone en tela de juicio la condición de ciudadanos de pleno derecho a quienes no tienen poder suficiente para constituirse en un poderoso lobby.

Va circulando por internet un vídeo rodado en la capital de Francia en el que se explican a los viandantes artículos de esta ley y se les dan a elegir los posibles países en los que se van a implantar. Y mientras nombran Corea del Norte, China, Venezuela o Irán, a esos parisinos se les queda cara de póquer cuando descubren que es en España donde se van a aplicar unas normas que cualquier europeo normal considera impropias de un país democrático. No sé si algunos tendremos que acabar viviendo en las capitales de nuestros países vecinos o en el exilio interior, como tanta gente en el pasado. Nos queda la esperanza de que esta ley tenga una vida muy corta, tan corta como el aprecio a los Derechos Humanos de sus promotores.

Publicado en el diario HOY el 17 de diciembre de 2014



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