Casi todos los sistemas democráticos se han dotado de mecanismos para controlar,
auditar e incluso reprobar a sus gobernantes. Hay algunos países bien cercanos,
como Portugal, donde las mociones de
censuras son bastante frecuentes y no hay ni que presentar
candidato alternativo: con 116 diputados se puede obligar a dimitir al primer
ministro.
En los últimos
días nos han recordado las mociones que presentaron Felipe González y Hernández
Mancha, y ya sabrán ustedes que perderlas puede ser la antesala del triunfo o el
principio de la caída en picado. A muchos ya se les habrá olvidado que en
Extremadura tuvimos también una moción de censura hace apenas tres años, en
medio del debate sobre el estado de la región, e hizo surgir declaraciones
subidas de tono: que si la intención oculta era otra, que si el daño que se estaba haciendo
a la región, que si no nos habían avisado antes y mil
excusas más. En aquellos días creo haber escrito que todo era tan simple como
escuchar al candidato, valorar si eran ciertas las razones por las que se censuraba
al gobernante y, sobre todo, calibrar si la alternativa merecía ser respaldada
por aportar soluciones creíbles a cada problema planteado.
Mientras
escribía estas líneas todavía no había terminado la sesión matinal en el
Congreso de los Diputados y eran ya cerca de las cinco de la tarde cuando Ana
Pastor decretaba un receso para juntar almuerzo, merienda y cena en una sola
comida. Un rápido repaso por la prensa digital para hacerse una idea de lo
ocurrido durante las primeras horas del debate acababa resultando un tanto
decepcionante, porque casi se podía adivinar antes de abrir cada página web las
palabras de cada crónica en función del sesgo de cada medio de comunicación: en
esto hemos avanzado poco y todo es demasiado previsible.
Sí que sabemos que la moción presentada por Pablo Iglesias no prosperará
y habrá quien opine que, si bien podía estar muy cargada de razones, debería
haber esperado una ocasión más propicia y con más consenso entre las bancadas
de la oposición. En cambio, hay quienes creen que la situación está llegando a
un límite de salud democrática. Esta misma semana hemos conocido que la
amnistía fiscal de Montoro es totalmente inconstitucional y un auténtico
insulto a las personas que cumplen con su deber de pagar impuestos. Ayer, en el
parlamento, Irene Montero tardó más de dos minutos en citar las decenas de
casos de corrupción en los que han estado implicados políticos del Partido Popular,
con varios presidentes regionales encarcelados y con todos los tesoreros
imputados desde que lo fundara Manuel Fraga. La semana anterior dimitía el
fiscal anticorrupción sobre el que hablaban maravillas los corruptos que están
en prisión. No ha habido en la Europa occidental un partido más corrupto desde
que se desmoronara la Democracia Cristiana italiana de Andreotti y tangentopoli. A pesar de todo esto, hay
una mayoría de diputados que creen que Rajoy no ha cometido nada censurable. En
fin.
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