Norma obligatoria

Existe una parte importante de la población española que es capaz de movilizarse con gran estruendo y sin escamotear en medios: cuentan con sedes repartidas en todos los barrios y aldeas del país, con reuniones de obligado cumplimiento semanal para sus miembros y en las que se adoctrina sobre lo divino y, últimamente, también de lo humano. Nada habría que objetar si no fuera porque existe la sensación de que algunas manifestaciones a golpe de silbato y bajo el lema de la libertad esconden una total falta de aprecio a las libertades de los demás. Los que arremetieron contra la ley del divorcio a principios de los años 80 se manifestaban y declaraban que la normativa iba a destruirles su sagrada institución y hubo que explicar que la medida no era de obligado cumplimiento. En junio se manifestaron en contra del matrimonio de homosexuales y también hubo que aclarar a más de uno que la nueva ley no forzaba a cada español a casarse con alguien del mismo sexo. Se deduce que hay un amplio grupo de gente que cree que las normas que abren nuevas posibilidades a quienes no las tenían implican la universalización obligatoria de las mismas. Intentando averiguar las causas de este curioso sistema de apreciación nos encontramos a cientos de miles de personas que no sólo quieren tener clases de religión, puesto que ya las tienen, sino que quieren que las tengan todos. Eso se desprende de la votación realizada en la página web de una televisión, donde sólo un 12 % aboga por la religión optativa y evaluable frente a un 53% que quieren que sea computable y obligatoria. La formación recibida durante las cuatro décadas del franquismo dejó claro a todo el mundo el significado de obligatorio: sólo nos hace falta que ahora empiece a entenderse el concepto de optativo, algo para lo que sería imprescindible no sólo una nueva ley educativa sino un reciclaje intergeneracional sobre tolerancia y valores democráticos.