La
periodista Ayla Albayrak publicó un artículo en 2015 sobre enfrentamientos
armados entre fuerzas turcas y jóvenes afiliadas al PKK del Kurdistán. Su
nombre apareció más tarde en los informes de Amnistía Internacional, tras ser juzgada
y condenada a dos años y un mes de prisión. Ayla fue acusada de un delito de
propaganda terrorista en un país como Turquía, que celebra elecciones y pertenece
a la misma organización militar que España, pero que acaba de iniciar, con cierto
beneplácito occidental, una ofensiva para aniquilar a las mujeres kurdas que se
jugaron la vida frente al Daesh.
Las
leyes de Erdoğan
son claras y hay que cumplirlas a rajatabla. Si una periodista publica un
artículo equidistante hacia unas milicianas kurdas, puede acabar con sus huesos
en una prisión turca que, como sabemos por El
expreso de Medianoche, son lo más parecido al infierno.
Cuando un mismo hecho es totalmente
legal en un sitio y duramente castigado en otro, nos suele dar una pista sobre la
falta de libertades en el país que posee el código penal más duro, aunque no
siempre sea así. A quienes escribimos nos parece incomprensible que alguien
pueda perder su libertad por un artículo, por un hecho que en otro lugar del
planeta no supone ningún riesgo para nadie. Hay muchos casos similares en el
mundo: desde quienes practican un aborto, consumen drogas o tienen relaciones
con personas de su mismo sexo a un lado de la frontera y con todo el amparo de
la ley, a quienes corren el peligro de perder la libertad y la vida por hacer
lo mismo en otro lado.
Desde el lunes no dejo de
pensar en fechas como el 20 de mayo de 1980 y el 30 de octubre de 1995 en Quebec, o el más reciente 18 de septiembre de 2014 en Escocia. Durante esos
días no hubo nadie detenido, no hubo actuaciones policiales, no hubo heridos, no
se abrieron procesos sumarísimos en tribunales especiales y nadie,
absolutamente nadie, tuvo que pasar ni un solo día en la cárcel por intentar dilucidar
mediante referéndum si querían seguir siendo canadienses o abandonar el Reino
Unido.
Sí, la ley es la ley. Ya lo
hemos oído en el Supremo de aquí y en el de Ankara. Si un mismo asunto acaba de
buenas maneras en un lugar y de forma trágica en otro, es porque el sentido
común se ha quebrado en algún momento. Quien crea que con sentencias
ejemplarizantes, desmedidas o vengativas se va a solucionar un problema de
siglos, quizá esté ganando réditos cortoplacistas pero se esté equivocando a
largo plazo. Se podrá acallar durante un tiempo a Ayla Albayrak pero la
realidad seguirá existiendo y Erdoğan, por muchas leyes y elecciones que lo
respalden, seguirá sin ser entendido por el mundo que cree en los Derechos
Humanos. Nos consuela pensar que aquí es poco probable que nos encarcelen por
escribir lo que pensamos y que podemos hablar de todo abiertamente. Espero no
estar pecando de iluso.
Publicado en el diario HOY el 16 de octubre de 2019.
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