Tengo dos buenos amigos que dan clases de Derecho Constitucional y echo de menos un café con ellos para que me expliquen cosas que nunca he llegado a comprender. Mis pobres conocimientos de leyes no se llevan bien con mis conceptos de igualdad, justicia y equidad. Quizá es por eso que nunca he entendido lo fácil que tienen algunos para conseguir que los jueces proporcionen seguridad jurídica a los derechos adquiridos de unos cuantos y, en cambio, no encuentren la forma de asegurarlos para otras muchas personas.
Una vez me explicaron que los derechos de los que tienen las espaldas bien cubiertas son mucho son fáciles de proteger que los de aquellos que no tienen ni donde caerse muertos. Y así, cada 6 de diciembre alabamos el texto aprobado en 1978 y durante el resto del año vamos apuntando los detalles de todo lo que ocurre.
El derecho al trabajo que viene en el artículo 35 no se puede reclamar en sede judicial y con el derecho a la vivienda del artículo 47 ocurre otro tanto de lo mismo. De nada sirve que se apostille que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Mientras varios países y ciudades ya se han puesto en marcha para regularizar los precios de la vivienda, y a pesar de que había un compromiso de gobierno para poner freno a la escalada de los alquileres, la semana pasada nos enteramos de que para el ministro Ábalos la vivienda no es solo un derecho sino un bien de mercado.
Vivimos en un mundo en el que casi todo se compra y se vende. Lo malo es cuando un bien de primerísima necesidad – y garantizado constitucionalmente – se rige por un mercantilismo que lo convierte en inaccesible para cada vez más personas. Ayer supimos que la mitad de las adquisiciones de vivienda en Madrid durante el último año no las hacían particulares para su uso y disfrute, sino empresas y fondos buitre para enriquecerse con un bien preciado y que se revaloriza cada día.
Un año después de aquellas decisiones dramáticas en los hospitales, donde había que decidir a quién se ponía el respirador y a quién se le negaba, se nos vienen imágenes como las que aparecen en tantas series distópicas de la televisión. No quiero imaginar cómo sería el mundo si el aire que respiramos se pudiera privatizar y vender. ¿Qué estaríamos dispuestos a dar por un soplo de oxígeno? ¿Nos parecería una crueldad infinita que un bien imprescindible para sobrevivir estuviera en unas pocas manos y pudieran poner el precio que les diera la gana? Pues preguntémonos si no estamos haciendo algo parecido con la vivienda. Hay ciudades donde el precio del alquiler es inaccesible para los sueldos precarios y alquilar cuartos en pisos compartidos es la única manera de tener un techo.
Mientras espero esa charla con esos amigos que saben tanto de constituciones, voy apuntando preguntas: ¿Es más constitucional regular los precios del alquiler que dejarlo en manos del mercado?
Publicado en el diario HOY el 10 de marzo de 2021
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