Tener un techo bajo el que cobijarse es un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución. No menciona el verbo poseer ni tampoco sugiere nada parecido a tener en propiedad una casa, un piso o un apartamento. Los constituyentes se limitaron a conjugar un verbo tan agradable como es disfrutar y cerraron el debate léxico-inmobiliario con un vocablo simple y descriptivo: vivienda. Durante los años del debate Constitucional todavía se podía ver en muchas ciudades españolas un fenómeno llamado chabolismo, así que los parlamentarios se apresuraron a poner un par de adjetivos para que la vivienda en cuestión fuera, como mínimo, digna y adecuada.
Con el paso del tiempo las cosas fueron mejorando económicamente y las clases medias acabaron endeudándose para conseguir el sueño dorado: su piso en propiedad, aunque para ello estuvieran ahogados pagando letras e intereses bancarios que rozaban la usura. Jamás llegaron aquí los modelos de otros países europeos, donde los ayuntamientos eran propietarios de un gran parque de viviendas que los propios municipios ponían en alquiler a unos precios con los que, además de disfrutar de un hogar, también se podía disfrutar de la vida.
Han pasado más de 40 años desde que la Constitución consagrara aquel derecho, las cosas han cambiado y no siempre a mejor. El turismo ha incrementado los precios de un bien de primera necesidad de tal manera, que en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga es casi imposible encontrar un lugar decente para vivir ni dedicando todo el 75% del salario. Conseguir un hogar para formar una familia es una aventura de ciencia ficción y una auténtica suerte contar con una habitación en un piso compartido en el que no se conoce al resto de los inquilinos.
Imagino que a quienes están amasando millones especulando con un bien de primera necesidad todo esto les parecerá el paraíso: antes no podían pedir más de 900 euros al mes por un pisito y ahora se embolsan 2000 a la semana desde una plataforma que alquila a turistas, acaban expulsando de los barrios céntricos a personas de edad avanzada y terminan dejando un panorama urbano que todavía no tiene adjetivos para describirlo.
Aquel artículo 47 de la Constitución no acababa en lo del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los redactores también sabían que esculpir un derecho en mármol y no encargar a nadie para que se hiciera cumplir no serviría para nada. Por eso atribuyeron a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Sé que la Constitución no solventará de la noche a la mañana el gran problema de vivienda que estamos sufriendo y que casi nadie se atreve a afrontar. Pero es curioso que las partes de la Carta Magna que garantizan derechos para los más débiles sean fácilmente ninguneadas, mientras que las que protegen a especuladores y fondos buitres siempre tienen cerca alguna toga que les ampare. Disfrutar de un hogar debería ser un Derecho Humano que permitiera a todo el mundo usar un adjetivo tan hermoso como es hogareño.
Publicado en el diario HOY el 4 de septiembre de 2024
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