Leyes para pobres

Imagino que todas las personas han pasado por situaciones en las que un gobierno, un parlamento o incluso un ayuntamiento han decretado una norma que les perjudicaba. En los últimos tiempos hemos tenido ejemplos para todos los gustos y recordamos rebajas de sueldos para trabajadores públicos, congelación de todos los salarios de convenio, aumento de tasas, endurecimiento de multas y sanciones, pérdida de derechos adquiridos y un largo etcétera.

Si eres una gran compañía, de esas que tienen un bufete de abogados a su servicio y que se refuerza cada temporada con fichajes de ex vicepresidentas y ex ministros, pues todo es más fácil: pueden comenzar a pleitear para que se proteja su seguridad jurídica y a buen seguro que en el Supremo encontrarán un juez o una magistrada dispuesta a defender los intereses de las clases más pudientes, porque quien cree que el 1 de octubre de 1936 ya no era Jefe de Estado Manuel Azaña sino el militar golpista es por un sesgo ideológico que debería ser causa de inhabilitación. Y conste que creo que los jueces pueden y deben tener opiniones personales de todos los colores, pero no transcribirlas en sus autos judiciales.

¿Y qué ocurre cuando una norma a quien favorece es a los escalafones más débiles del entramado social? Pues pueden ocurrir varias cosas. La primera es la puesta en marcha del artículo cero de todas las constituciones que en este país (y otros muchos también) hemos tenido: hecha la ley, hecha la trampa. No ha pasado ni un mes desde que se hiciera obligatorio el registro de la jornada laboral y ya me han llegado al oído las triquiñuelas urdidas para que todo siga igual, para que se continúen haciendo horas extraordinarias que no se pagan, que no cotizan a la seguridad social y que, por arte de birlibirloque, pueden acabar penalizando al trabajador que quiera que se cumpla una norma que le beneficia.

Pero quizá lo más preocupante que hemos vivido en los últimos tiempos es lo que está ocurriendo con la subida del salario mínimo a la exorbitada cifra de 900 euros al mes, una cantidad que en casi toda España no permite ahorrar prácticamente nada una vez descontados los gastos previstos y fijos de vivienda, agua, gas, electricidad, comunicaciones, alimentación, transporte, medicinas y facturas médicas (en caso de quieran hacértela). Y rece para que no le surja un imprevisto.

Mientras vemos que hay quienes se niegan a actualizar los convenios para cumplir con el nuevo SMI, uno se pregunta si los boletines oficiales no deberían tener un apartado de leyes para pobres, cuyo cumplimiento es más relajadito. Ya sabemos que los jueces se pueden reunir un domingo de agosto, si hace falta, para que se cumplan a rajatabla algunas normas y, en cambio, aquellas que benefician a los más débiles hay que estar peleándolas minuto a minuto sin que haya toga de oficio que salga en su defensa. ¿Y si los cimientos de la democracia estuvieran fallando por ahí?

Publicado en el diario HOY el 12 de junio de 2019