Controles de calidad

En 1981 se produjo una intoxicación con aceite de colza que se llevó la vida de más de 1000 personas y dejó más de 30.000 enfermos crónicos. A partir de ese trágico suceso se intensificaron los controles de calidad alimentaria y se dejó de vender, a granel y de puerta en puerta, cualquier tipo de alimento perecedero.  También se empezó a vigilar la trazabilidad de cada producto alimenticio y procedimientos similares se extendieron para probar la seguridad de los juguetes infantiles o realizar exhaustivas inspecciones técnicas a los vehículos. Los avances que se hicieron en materia de consumo fueron importantes, hasta el punto de que las ofertas publicitarias en octavillas han llegado a tener valor cuasi contractual para evitar engaños, fraudes y mentiras.

Últimamente son las mentiras las que también se extienden como el virus. Proliferan en forma de miles de noticias falsas que tienen casi tanto alcance como aquellas que sí son contrastadas por varias fuentes y difundidas por medios de comunicación donde trabajan profesionales con la preparación y con la ética periodística imprescindible.

El resultado es que hay muchísimas personas que no reciben información alguna de periódicos, radios o televisiones cabales, sino que se alimentan de “memes” en redes sociales, vídeos de “influencers” descerebrados, mensajes de audio alentando odios o sucedáneos de medios de comunicación nacidos para la divulgación de falacias y conspiraciones paranoicas.

Es entonces cuando surge el debate sobre cómo establecer un mínimo control de calidad de la información, como ya hacemos con los yogures, un sonajero, una caldera de calefacción o los pilares de un nuevo viaducto. Y el problema se agiganta si, intentando evitar un mal que necesita de un tratamiento de mínima invasión, se acaba teniendo la tentación de usar una sierra mecánica y una intervención chapucera.

Este país sabe bien lo que es que coartar la libertad de expresión. Todavía sigue vigente la llamada Ley Mordaza que idearon Rajoy y aquel ministro del Interior llamado Jorge Fernández Díaz, del que estamos sabiendo muchas cosas. La manera en que acallaron cualquier protesta mediante multas administrativas, fue un retroceso de 40 años denunciado por todas las organizaciones internacionales de Defensa de los Derechos Humanos. Como, desgraciadamente, vamos a ir algún tiempo con mascarillas, habría que deshacerse de todas las mordazas habidas y no caer en ninguna tentación censora que solo empeoraría las cosas.

Una vez más, la solución nos la puede dar el ignorado vecino de al lado: en Portugal existe, desde hace 15 años, una Entidad Reguladora de la Comunicación Social, elegida con una mayoría de dos tercios del parlamento y que - no les voy a engañar - quizá no sea la panacea. Tiene, entre sus muchos objetivos velar por la pluralidad de los medios, fiscalizar la publicidad institucional o asegurar que la información proporcionada sigue criterios de exigencia y de rigor periodístico. Creo que los medios que pretenden ser ecuánimes y veraces deberían ser los más interesados en evitar que se difundan impunemente tantos bulos disfrazados de noticias, porque están siendo más dañinos para el periodismo que aquella colza desnaturalizada de los años 80. ¿Habrá que regular algo o dejamos que todo siga igual?

 Publicado en HOY el 18 de noviembre de 2020