No sé si cuando lean estas letras ya se sabrá el resultado de la moción de censura para convertir a Ramón Tamames en Presidente. He seguido casi todas las mociones, desde la que presentó Felipe González en 1980 hasta la que triunfó en junio de 2018, cuando un Pedro Sánchez renacido mandó a Rajoy al bar mientras Soraya colocaba su bolso en el asiento de Mariano. Sin olvidar la de 1987, la que presentó el extremeño Hernández Mancha y, lejos de catapultarle al estrellato, motivó que Fraga regresara de su retiro gallego para poner orden.
Mientras explican su afecto o su rechazo a Don Ramón en la carrera de San Jerónimo, me he perdido buceando en la etimología de la palabra censura, luego he ido al diccionario más académico y he tenido que descender hasta la duodécima entrada para encontrar la que encaja con la expresión del día: moción de censura. Nadie ignora lo que es la censura a secas, ni lo que fue la censura previa. Tampoco la más sibilina de todas las censuras, aquella que nos aplicamos por temor a represalias o a consecuencias problemáticas. En el artículo 20 de la constitución escribieron que ninguna censura previa podría restringir la libertad de expresión, pero desde 2015 existe una Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, ideada por un ministro como Jorge Fernández Díaz, y que desde sus primeros trámites fue bautizada con el apelativo de mordaza.
La semana pasada, cuando se esfumaban el parlamento las posibilidades de una derogación o una reforma sustancial de esa norma, las organizaciones internacionales e independientes de Derechos Humanos clamaban contra la Ley Mordaza y también contra una “mordaza maquillada”, que no preveía eliminar sus aspectos más nocivos. En los cuatro primeros años de aplicación se impusieron 140.000 sanciones por “resistencia o negativa a identificarse” y “faltas de respeto a la autoridad”, donde la palabra de esa autoridad tiene presunción de veracidad frente a la de la ciudadanía, que ha de probar su inocencia. Esto último se complica si, además, la propia ley prohíbe difundir imágenes de actuaciones policiales, única prueba que le podría servir a una ciudadana de a pie para defenderse de un abuso de poder.
Podría seguir mencionando la negativa a suprimir las pelotas de goma, que tantos ojos han reventado y más de una muerte, pero quiero acordarme de quienes sufren la mordaza directamente para que no sepamos lo que ocurre: del periodista Pablo González, que sigue preso Polonia, o del fotoperiodista Javier Bauluz, aquel que recibió el Pulitzer por su imagen de una playa con veraneantes junto a los cadáveres de las pateras, y que fue multado por intentar captar las condiciones de quienes llegan en cayucos a Canarias.
La moción de hoy es lo de menos. Pero si no impedimos todas las censuras que imponen al periodismo y todas esas mordazas sin juicio y con sanción administrativa, se lo estaremos dejando todo muy fácil a quienes el año que viene podrían ser ministros de Justicia e Interior con mucha mano derecha, con mucha mano dura y con la misma ley que el actual gobierno no ha querido adaptar a los DDHH. Era fácil.
Publicado en el diario HOY el 22 de marzo de 2023
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